La abogada española Deva Villanúa presidirá el tribunal del arbitraje de inversiones entre la compañía de software de voto electrónico SGO Corporation Limited y Venezuela. Se trata del séptimo arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en el que interviene. Completan el tribunal el estadounidense John H. Rooney, designado por la compañía, y el argentino-español Raúl E. Vinuesa.
El 7 de marzo de 2023, la Secretaría General del CIADI informó de la formación del tribunal que decidirá en el arbitraje de inversiones presentado por SGO en junio de 2022.
Para Deva Villanúa se trata del séptimo arbitraje CIADI en el que interviene; tres más como presidenta de tribunal de arbitraje (en casos como IBT Group-Panamá, South32-Colombia y Société Générale SA v. Croacia), uno como presidenta en comité de anulación: TECO Guatemala Holdings v. Guatemala), otro como miembro de comité de anulación (Infinito Gold v. Costa Rica) y otro más como co-árbitro (Air Canadá-Venezuela).
En el caso de John H. Rooney es su segundo arbitraje CIADI tras el de “Empresa Eléctrica del Ecuador (EMELEC) v. Ecuador” concluido en 2009.
Raúl E. Vinuesa ha intervenido en 29 arbitrajes CIADI más: dos como presidente, veinte como coárbitro, tres como presidente y el resto como counsel de una de las partes. Entre los procedimientos están: MCI Power-Ecuador, Anglo American-Venezuela, Berkowitz-Costa Rica, Emilio Agustín Maffezini-España o Enel Green Power-Ecuador.
El conflicto de SGO en Venezuela: Las elecciones de 2017
SGO comprende una familia de empresas que desarrollan e implementan herramientas que dan servicios a los gobiernos, en el caso de Smartmatic -empresa del grupo- en el desarrollo de elecciones con voto electrónico.
La demanda está relacionada con el proceso electoral a la Asamblea Constituyente de 2017. Según la empresa, el Gobierno venezolano decidió no utilizar varias de las medidas de seguridad electoral que habían sido usadas en otros procesos electorales y al final de la consulta reportó unos resultados distintos a los reflejados en el sistema electrónico de Smartmatic. Además, se anunciaron resultados de participación muy por encima del número de los reportados en el sistema de la empresa.
SGO reclama activos expropiados a la empresa y la compensación demandada supera los 1,5 billones de US dólares.
En julio de 2020, Smartmatic hacía un comunicado público aclarando que desde 2017, se encuentra: “en un proceso de querella contra el gobierno de Nicolás Maduro por el fraude de reporte cometido en la elección a la Asamblea Nacional Constituyente de 2017 y los activos expropiados a la empresa ese mismo año” (ver “Smartmatic no provee hardware ni software, ni nada, para las elecciones venezolanas“, Smartmatic, 24.07.2020).
