Dos nuevos tribunales de arbitrajes de inversiones constituidos ambos el 27 de noviembre de 2023 y bajo administración del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) tienen como presidenta a la árbitra española Deva Villanúa. En ambos casos, Abertis v. Argentina y BA Desarrollos v. Argentina, Villanúa ha sido designada por acuerdo de las partes.
Deva Villanúa ha logrado posicionarse, en los últimos años, entre los árbitros más reconocidos del sector a nivel mundial. Vicepresidenta de la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) desde 2018, Villanúa fundó su propia firma especializada en arbitraje comercial y de inversiones Devarb y ha actuado como árbitro en numerosos arbitrajes comerciales, sobresaliendo su rol como presidenta de tribunal.
Estos dos arbitrajes se suman a su experiencia en ocho procedimientos CIADI: cuatro también como presidenta de tribunal de arbitraje, en casos como IBT Group-Panamá, South32-Colombia y Société Générale SA v. Croacia; uno como presidenta en comité de anulación: TECO Guatemala Holdings v. Guatemala; otro como miembro de comité de anulación, Infinito Gold v. Costa Rica; y como co-árbitro en Air Canadá-Venezuela.
En BA Desarrollos v. Argentina, Deva Villanúa está acompañada en el tribunal por el canadiense Stephen L. Drymer, designado por los demandantes, y por el mexicano Luis González García, designado por Argentina.
Stephen L. Drymer ha participado en otros quince procedimientos CIADI: cinco como presidente y el resto como co-árbitro. Entre los arbitrajes podemos destacar: Burlington-Ecuador, Infrared-España o Gas Natural-Colombia.
Luis González García tiene experiencia en dieciséis arbitrajes CIADI. En doce ocasiones ha participado como counsel y en cuatro como coárbitro: José Alejandro Hernández Contreras v. Costa Rica; Interconexión Eléctrica S.A. E.S.P. v. Chile; Alejandro Diego Díaz Gaspar v. Costa Rica; e Infracapital v. España.
La compañía inmobiliaria estadounidense BA Desarrollos LLC. presentó este arbitraje de inversiones contra Argentina el 4 de agosto por un proyecto de construcción. BA Desarrollos cuenta con inversiones en Buenos Aires que rondan los 50 milloones de US dólares. La demanda invoca el Tratado Bilateral de Inversiones Estados Unidos-Argentina 1991 y el Reglamento aplicable es el de la Convención CIADI.
BA Desarrollos es un grupo inmobiliario propiedad de Edmond Safra, magnate libanés y brasileño, con inversiones en Argentina a través de concesiones otorgadas en lujoso barrio de interés turístico Catalinas II (Retiro) (ver “Ciadi: magnate brasileño inició un juicio contra la Argentina por una de las últimas joyas de Retiro“, El Cronista, 05.08.2023).
En Abertis v. Argentina, las coárbitras que completan el tribunal son la venezolana Elisabeth Eljuri, designada por Abertis, y la italiana Loretta Malintoppi, nombrada por Argentina.
Elizabeth Eljuri ha participado en otros dos procedimientos CIADI: Enel Colombia y Enel Costa Rica v. Costa Rica, archivado después de que las partes llegaran a un acuerdo que finalizó el arbitraje; y Quanta Services v. Perú, actualmente en fase de audiencias y en el que Eljuri fue designada por la compañía holandesa.
Loretta Malintoppi ha participado en 26 procedimientos CIADI. En cinco ocasiones como presidenta, en Gran Colombia Gold v Colombia renunció, en dos ocasiones como miembro de comité ad hoc en solicitudes de anulación, como counsel en seis casos y como coárbitro en el resto (ej. Baywa v. España, Blue Bank International v. Venezuela, Longreef v. Venezuela).
Abertis demandó en el mes de agosto a Argentina ante CIADI con motivo de su participación en las concesionarias de autopistas GCO y Ausol. En octubre de 2022, el Gobierno argentino anunció la presentación, por parte del Ministerio de Obras Públicas, de la demanda ante la Justicia para declarar nulo este contrato.
El contrato, Acuerdo Integral de Renegociación, fue suscrito tras un largo proceso de negociación que comenzó en 2002 y culminó en 2018. Ese año, Abertis informó al CIADI del acuerdo alcanzado con Argentina en relación al arbitraje que mantenían ambas desde 2015, por el desacuerdo sobre las concesiones de autopistas de la española que vieron congelados sus peajes durante catorce años.