El tribunal del arbitraje Eco Oro-Colombia ha denegado la solicitud para intervenir como Amicus Curiae a cinco grupos de defensas del medio ambiente y de recursos humanos en el conflicto en el que la minera canadiense reclama 764 millones de dólares a Colombia.

En concreto, las asociaciones son: Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, the Center for International Environmental Law (CIEL), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), MiningWatch Canada, Institute for Policy Studies (IPS) – Global Economy Project and the Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) que presentaron la solicitud ante el tribunal del arbitraje el 18 de diciembre de 2018.

La decisión del tribunal se basa en que los peticionarios no han demostrado cómo se relacionan los supuestos que pretendían plantear con la disputa o cómo su intervención en el procedimiento podría ayudar a resolverla; mientras que el apoyo a la solicitud del demandado se limita a considerar que la solicitud está justificada debido a: “sus importantes conocimientos del páramo de Santurbán y de las problemáticas sociales y ambientales asociadas”.

Además de denegar a las organizaciones la entrada en el procedimiento como amicus curiae, se les deniega el acceso a los documentos producidos en el transcurso del arbitraje. Podrán asistir a las audiencias, dado que se trata de eventos abiertos al público.

El arbitraje Eco Oro-Colombia

Eco Oro reclama 764 millones de dólares por expropiación indirecta e ilegal y trato injusto y no equitativo, en relación con el yacimiento de oro y plata de Angostura.

Eco Oro afirma que se destruyó el valor justo de mercado de sus inversiones en el sector minero colombiano y se le privó de sus derechos en el Contrato de Concesión que comprende el yacimiento.

Eco Oro invirtió más de 250 millones de dólares para desarrollar el proyecto objeto de litigio. En diciembre de 2014, el gobierno colombiano emitió una resolución que delineaba el páramo de Santurbán en las proximidades de Angostura y restringía la extracción, pero eximía ciertas concesiones mineras preexistentes, como la de Eco Oro.

El gobierno colombiano, a través de la Agencia Nacional de Minería (ANM) emitió una decisión en agosto de 2016 privando a Eco Oro de derechos sobre la mayoría de la concesión de Angostura, sobre la base de una decisión del Tribunal constitucional emitida en febrero de 2016.

En noviembre de 2017, una nueva decisión del Tribunal Constitucional anuló la totalidad de la resolución sobre la delineación del páramo de Santurbán y requirió que se redefiniera. Eco Oro espera que este proceso genere aún mayores restricciones a la minería y dada la incertidumbre, explicó que no podía presentar ningún plan, y denunció la negación del Gobierno colombiano a otorgarle una suspensión de los plazos.

Tribunal y abogados

El tribunal del arbitraje, que se dio a conocer el pasado 11 de septiembre, está formado por la británica Juliet Blanch (presidente), el argentino Horacio Grigera Naón (designado por el demandante) y el franco-británico Philippe Sands (designado por Colombia).

El despacho que lleva la representación de Eco Oro es Freshfields Bruckhaus Deringer, mientras que el Gobierno colombiano cuenta con el apoyo a su Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Latham & Watkins.

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