El tribunal del arbitraje entre la compañía energética española Enagás presentado contra Perú en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) ha sido formado por Lawrence Collins, Guido Santiago Tawil y Mónica Pinto.
El presidente del tribunal es el británico Lawrence Collins, árbitro que ha participado en otros cinco procedimientos CIADI y en todos ellos con el mismo rol. Ha participado también en los arbitrajes de “Cavalum SGPS” e “Hydro Energy 1 S.à r.l. e Hydroxana” contra España.
Guido Santiago Tawil es el decimoctavo procedimiento en el que interviene como co-árbitro. Pac Ric Cayman-Peru, Opic Karimum-Venezuela, Highbury International-Venezuela, Eutelsat-México (pendiente), Metro de Lima-Perú, Energía y Renovación Holding-Guatemala o Legacy Vulcan-México, son algunos de sus arbitrajes.
Mónica Pinto cuenta con experiencia en otros catorce procedimientos CIADI: en seis arbitrajes como presidenta de tribunal, en cuatro como coárbitra y en cuatro como miembro de comités de anulación (tres de ellos como presidenta). Casos: JGC Holdings v España, IBT Group v Panamá; Quanta Services v Perú; Perenco v Ecuador; Dan Cake v Hungría; Italba v Uruguay.
Arbitraje Enagás-Perú
Enagás tiene abiertos dos arbitrajes contra Perú. Éste fue presentado el 23 de diciembre de 2021 invocando -al igual que en la demanda registrada en julio de 2018- el Tratado Bilateral de Inversiones España-Perú de 1994 y bajo Reglamento de la Convención CIADI.
Enagás está presente en Perú desde 2014 con Transportadora de Gas del Perú (TgP), con un 28,94% de participación y Compañía Operadora de Gas (COGA), con un 51%. También cuenta con un gasoducto de 729 kilómetros y un poliducto de 557 kilómetros, que conectan los yacimientos de Camisea -sobre el que el nuevo gobierno de Pedro Castillo anunció una renegociación de las condiciones el año pasado- con los centros industriales de Lima y Pisco y con la planta de licuefacción de Melchorita, única terminal de exportación de gas natural licuado existente en Perú. Asimismo, la gasística española cuenta con el 51% de la Compañía Operadora de Gas (COGA), responsable de la operación y mantenimiento del sistema de transporte de TgP (Información recogida en enagas.es).
En el primer procedimiento iniciado en 2018 -que tiene como trasfondo la concesión compartida con Odebrecht y Graña y Montero en la construcción del famoso gasoducto peruano GSP- Enagás reclama la recuperación de la inversión realizada en el proyecto (su demanda se eleva a 1.800 millones de euros), alegando que la Administración Peruana no podrá cumplir las obligaciones que establece el contrato para el caso de terminación. El Estado peruano decidió rescindir el contrato el 24 de enero de 2017 por incapacidad del consorcio de obtener fondos necesarios para financiar la construcción del proyecto.
