La Comisión Europea va a examinar con detenimiento si el laudo del arbitraje del fondo Antin contra España de 101 millones de euros más los intereses devengados y contribución en costas se ajusta a las normas de la Unión Europea en materia de ayudas estatales.

Según se establece en el comunicado difundido por la Comisión Europea: “la opinión preliminar de la Comisión es que el laudo arbitral constituiría ayuda estatal, dado que concede a Antin una ventaja equivalente a las que otorgaba el régimen español no notificado de 2007”.

Antin Infrastructure Services Luxembourg S.à.r.l. y Antin Energia Termosolar B.V. constituidas en Luxemburgo y en los Países Bajos, respectivamente, invirtieron en instalaciones de energías renovables en España, que se beneficiaban de un régimen de apoyos de 2007.

Las modificaciones en 2013, que modificaron las condiciones de las energéticas para obtener subsidios, produjeron el inicio de este y otros muchos arbitrajes con el objetivo de obtener compensación.

En noviembre de 2017, la Comisión consideró que el régimen español de 2013 de apoyo a la electricidad procedente de fuentes renovables se ajustaba a las normas de la Unión sobre ayudas estatales (ver “Ayudas estatales: la Comisión aprueba el régimen español de apoyo a la electricidad a partir de fuentes renovables“, Comisión Europea, Comunicado de prensa, Bruselas, 10.11.2017).

Dudas de la Comisión Europea

  • Conformidad del laudo arbitral con los principios de confianza mutua y autonomía del Derecho de la UE.
  • Si el laudo arbitral puede generar discriminación entre los inversores en función de su nacionalidad y el recurso al arbitraje internacional, dada la situación de los inversores españoles.
  • Conformidad del laudo con Directrices de la Comisión sobre ayudas estatales.

Condena a España en 2018

El 27 de julio, los representantes de Antin presentaron una petición ante un tribunal estadounidense para hacer cumplir el laudo al que fue condenada España el 15 de junio de 2018 tras un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi).

El fondo Antin que presentó la demanda a finales de 2013, invocando el Tratado de la Carta de la Energía, reclamaba 218 millones de euros, que el tribunal finalmente redujo casi a la mitad.

El tribunal del arbitraje lo formaron el colombiano Eduardo Zuleta (presidente), el chileno Francisco Orrego Vicuña (designado por las demandantes) y el canadiense J. Christopher Thomas (designado por España).

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