Según un informe publicado por la Contraloría General de la República el pasado 2 de noviembre, Colombia estaría barajando la vuelta de Gas Natural Fenosa a pesar de la situación que ha llevó a la española a presentar en marzo un arbitraje internacional ante la Comisión de las Naciones Unidad para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi o Uncitral, en sus siglas en inglés).

La decisión de la Contraloría General colombiana vendría dadas las amenazas e incertidumbres que rodean la intervención de Electricaribe y que podrían afectar la prestación del servicio (ver informe).

El eventual regreso de Gas Natural Fenosa estará supeditado a los análisis que se efectúen, aún dados “los incumplimientos a sus compromisos empresariales y de inversión que llevaron a la situación actual, evidenciando un mal comportamiento como ciudadano corporativo con Colombia y la región Caribe”, según se cita en el informe.

En abril ya se barajaba acuerdo entre Colombia y Gas Natural

En abril, Gas Natural no descartaba la solución dialogada con el Gobierno de Colombia para resolver el conflicto por Electricaribe, incluso interpuesta la demanda de arbitraje en marzo ante Uncitral, así lo anunció Isidre Fainé, presidente de Gas Natural Fenosa, durante la Junta General de Accionistas celebrada en Barcelona. Fainé explicó que había hablado en varias ocasiones con Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, y que su intención era llegar a un acuerdo razonable.

En junio, el Gobierno colombiano contrató a Price Waterhouse Coopers para auditar Electricaribe con el objetivo de buscar nueva inversión; y, a su vez, explicaba en referencia al arbitraje planteado por Gas Natural que “ninguna demanda, nacional o internacional”, detendrá la liquidación que se dio por el incumplimiento con las inversiones para garantizar el servicio.

El conflicto

Gas Natural explicaba en nota de prensa en marzo de este año que “el problema fundamental es que Electricaribe arrastra una deuda de sus clientes superior a los 1.300 millones de euros (más de 200 sólo en 2016), según cifras auditadas que incluyen importantes deudas de organismos públicos colombianos, y ello es así porque no existe un marco regulatorio que proteja suficientemente los intereses de la compañía eléctrica, e impida que se vea obligada a suministrar energía sin poder cobrar.”

El comunicado también añadía que no le quedaba “otra alternativa que acudir a una institución internacional para que resuelva la situación creada en la forma prevista en el Acuerdo de bilateral de protección recíproca de inversiones entre España y Colombia, vía que ha estado demorando hasta el momento voluntariamente.”

Informe “Amenazas e incertidumbres en la intervención a Electricaribe SA con fines liquidatorios bajo la modalidad de Administración temporal“, Pronunciamiento de la Contraloría General de la República.

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