Después de la sentencia de un tribunal ecuatoriano, que suspende las operaciones mineras y ordena una consulta ambiental sobre el proyecto Llurimagua, la compañía estatal chilena Corporación Nacional del Cobre (Codelco), que obtuvo la licencia para operar la mina en 2014, ha comunicado el ataque que la situación supone para la seguridad jurídica de los proyectos en Ecuador y criticado la retroactividad de la decisión. Llurimagua es el centro de dos arbitrajes internacionales abiertos en 2021 y 2022.
El proyecto Llurimagua es el centro de dos arbitrajes contra Ecuador: uno ante la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), en abril de 2021, y otro ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) en enero de 2022. En ellos, Codelco reclama el cumplimiento de acuerdos firmados en 2016 por parte de la Empresa Nacional Minera de Ecuador (Enami EP):
- Formar la sociedad para el desarrollo del proyecto.
- Ratificar el pacto de accionistas acordado.
En el comunicado, Codelco informa de que está analizando las implicaciones de la resolución y explica que: “El contenido del fallo contraviene el concepto de seguridad jurídica” y considera “preocupante” que la sentencia determine la aplicación de una norma con retroactividad, puesto que el requisito de consulta ambiental fue exigido por la Corte Constitucional de Ecuador en 2021 (ver “Llurimagua: el proyecto minero que complica a la chilena Codelco en Ecuador“, Antonio Alburquerque, DF Sud, 10.04.2023 y “Codelco rechaza fallo que anula licencia del proyecto Llurimagua“, Evelyn Tapia, Primicias,10.04.2023).
El fallo del tribunal contra las actividades de la mina
La semana pasada la Corte Provincial de Justicia de Imbadura declaró la obligatoriedad de realizar una consulta ambiental a las comunidades y la paralización de las operaciones mineras en el proyecto de cobre y molibdeno Llurimagua, acusando al Ministerio del Ambiente, Agua, y Transición Ecológica del Ecuador de vulnerar los derechos relativos a la protección de la naturaleza y a la consulta ambiental de las comunidades aledañas, al conceder la licencia ambiental para el proyecto minero Llurimagua.
