Carlos Matheus (CML Arbitrator & Consultant) firma este artículo ante la inminente celebración de elecciones en el Perú. En él, Matheus expone las consecuencias de la propuesta de uno de los partidos candidatos al poder, que propone en su programa la retirada del Perú del arbitraje del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

Como es de público conocimiento, el próximo 6 de junio se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en el Perú, la cual enfrentará al partido político “Perú Libre” con el de “Fuerza Popular”. Pendiendo del resultado de ella el futuro del Arbitraje CIADI y de las inversiones extranjeras en el país.

Y afirmamos ello, dado que en el Capítulo XXI -relativo a la Política Exterior- del Ideario y Programa del partido “Perú Libre”, se critica el Sistema Arbitral del CIADI (calificándolo de herramienta de control y parcializada al servicio de las transnacionales) y se propone, a fin de cuentas, retirar al Perú de éste, y en su lugar crear el Centro de Solución de Disputas de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) o bien emplear a los Tratados Bilaterales de Inversión como centros de arbitraje.

ningún inversor querrá arriesgarse a invertir en el Perú y menos aún a tener que resolver sus controversias ante un lento, formalista, cuando no corrupto, Poder Judicial

Como es sabido, los inversionistas extranjeros emplean el arbitraje CIADI por el marco de seguridad que les otorga y por sus ventajas (por ejemplo, el laudo arbitral se ejecuta directamente como si fuese una sentencia emitida por un tribunal judicial de un Estado miembro del CIADI). Por ello, si el Perú se retira del CIADI, se despedirá también de las inversiones extranjeras (las cuales representan un gran porcentaje de la inversión privada en el país: acorde a la CEPAL en el año 2019 -previo a la pandemia- la inversión extranjera directa fue de US $ 8,892 millones de dólares), pues sin este sistema arbitral ningún inversor -de los 163 países que son parte del CIADI- querrá arriesgarse a invertir en el Perú y menos aún a tener que resolver sus controversias ante un lento, formalista, cuando no corrupto, Poder Judicial.

Y respecto al citado Centro de Solución de Disputas de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) cabe señalar que en el año 2008 en que surgió la UNASUR se propuso aquel. Posteriormente, Ecuador en 2010, luego de haberse retirado del CIADI un año antes, presentó una propuesta de Centro de Arbitraje. Y hasta hoy dicho Centro no existe y sólo sigue como propuesta. Además, la UNASUR prácticamente ha desaparecido, pues de los 12 Estados miembros que la integraban, la mayoría se han retirado de ésta (incluido el Perú), quedando tan sólo Guyana, Surinam, Bolivia y Venezuela.

Por tales razones, observamos que la propuesta del partido “Perú Libre” resulta, por decir lo menos, absurda:

  1. Porque la UNASUR -tratado que el Perú denunció en 2019- está en proceso de desmantelamiento.
  2. Porque ello exigiría que el Perú retorne a un organismo casi inexistente.
  3. De crearse tal Centro de Arbitraje sólo serviría para las controversias de inversión extranjera entre los aún miembros de UNASUR. Esto es, para las inversiones en el Perú que provengan, por ejemplo, de Bolivia y Venezuela.

Por otra parte, la propuesta de emplear a los Tratados Bilaterales de Inversión como centros de arbitraje evidencia un total desconocimiento del arbitraje en inversiones. Pues éstos no crean institución arbitral ninguna, estableciendo más bien -los Estados parte- un mecanismo de solución de controversias relativas a inversiones, en el cual suelen encargar la gestión y administración del arbitraje (además de al CIADI) a una institución arbitral, como, por ejemplo, la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI o la Corte Permanente de Arbitraje.

de los 17 casos ante el CIADI finalizados a febrero de 2020, en 14 de ellos el Perú obtuvo resultados positivos

Confirma además la mala factura y la impericia de la propuesta analizada, el desconocer el hecho de que el Perú, a través de su Sistema de Coordinación y Respuesta del Estado en Controversias Internacionales de Inversión (SICRECI), viene obteniendo magníficos resultados en los arbitrajes CIADI en que ha sido demandado. Por ejemplo, de los 17 casos ante el CIADI finalizados a febrero de 2020, en 14 de ellos el Perú obtuvo resultados positivos. Además, de los casi 50 mil millones de dólares demandados en aquellos, sólo se reconoció a favor de los inversionistas cerca de 43 millones de dólares.

Sólo nos resta esperar que al final del camino todo salga bien, pues parafraseando a Montesquieu: “Una injusticia cometida contra el arbitraje es una amenaza para todos”.

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