Real Hearing. Tan real como en el tribunal


El pasado 1 de diciembre, la canadiense Bear Creek Mining Corporation anunció el resultado del arbitraje que mantiene con Perú en relación a la explotación de la mina Santa Ana, que finalmente se ha resuelto a favor de la minera a través de una indemnización de 30.4 millones de dólares.

El tribunal del Ciadi*, con opinión disidente de Philippe Sands, árbitro designado por Perú, concluye que la expropiación de la mina es ilegal y respalda que Bear Creek ha cumplido con todos los requerimientos legales con respecto a las acciones de divulgación en relación con las comunidades locales (ver comunicado de Bear Creek).

Según explica su CEO Anthohy Hawkshaw, la canadiense espera acelerar el proyecto Corani de explotación de minas de plata, plomo y Zinc a cielo abierto junto al gobierno peruano y a las comunidades de Corani tras esta resolución.

Sin embargo, la situación de protesta social ante el proyecto fue una de las principales causas por los que se decretó la expropiación de la mina, según declaraciones de Rosario del Pilar Fernández Figueroa, ministra en 2011 durante el Gobierno del presidente Alan García, motivada por: “la violación constitucional de Bear Creek y en el marco de una situación social de violencia extrema que se venía desarrollando en Puno“.

Un arbitraje en medio de controversia social y medioambiental

La contaminación de ríos y lagunas próximos al Lago Titicaca y la protección de zonas de reserva y alto valor sociocultural (el de los Aimara Lupaca) son algunos de los factores que enfrentan a los que apoyan el proyecto, contra los que luchan contra él.

Estas presiones de movimientos organizacionales y de la población de la región de Puno (donde se ubica la mina), que apelan a la protección y respeto de derechos humanos y medio ambiente, provocaron que el gobierno peruano negociara las demandas de la comunidad, lo que le llevó a la suspensión del proyecto minero.

El arbitraje

El proyecto Corani de minas a cielo abierto contempla los yacimientos Main Corani, Minas Corani y Corani Este. Se trata de uno de los depósitos de plata sin explotar más grande del mundo de unas 5.400 hectáreas.

El arbitraje se inició en 2014 y demandaba, entre otras cosas, la ilegalidad del Decreto Supremo 032 de junio de 2011, por el que el Gobierno de Perú anulaba los derecho de Bear Creek para operar las minas de Santa Ana.

Según la normativa Ciadi, Perú dispone de 120 días para requerir la anulación del laudo, si así lo considera.

*Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, Ciadi. El Tribunal de este arbitraje está presidido por el alemán Karl-Heinz BÖCKSTIEGEL y como árbitros, el australiano Michael C. Pryles, designado por la demandante, y el franco-británico Philippe Sands, designado por la demandada.

Créditos de la imagen:”Diego Delso, delso.photo, License CC-BY-SA

 

Escribe un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.