Prev1 of 4Next
Use your ← → (arrow) keys to browse


Por Natalí Juliana Pulido Del Pino1 (Estudio Zúñiga) y Joel Alberto Santillán Dulanto2 (Rodrigo, Elías & Medrano Abogados).

En la actualidad, pocos son los académicos que se han sentado a reflexionar respecto a figuras tan relevantes como es el Estado Constitucional de Derecho, en específico sobre el control de constitucionalidad. La constitución actualmente prima al considerarse de carácter supremo y es indiscutible su gran influencia en todo el ámbito jurídico.

Para ello, el presente artículo se enfocará en el control constitucional enfocado a los procesos arbitrales, comentar respecto a los amparos arbitrales y al entrometimiento de las garantías constitucionales sobre la validez o invalidez de laudos arbitrales.

Por lo que es de gran énfasis mencionar la sentencia del Tribunal Constitucional en el Expediente N.° 0142-2011-PA-TC, que establece un precedente en torno al amparo y a los procesos arbitrales identificando las reglas jurídicas sobre la procedencia y la improcedencia de la demanda de amparo contra laudos arbitrales.

Hace ocho años, María Julia

Con fecha 21 de setiembre de 2011, el Tribunal Constitucional emitió un pronunciamiento vinculante en materia de interposición de Procesos de Amparo para cuestionar Laudos Arbitrales en el expediente N° 00142-2011-PA/TC, más conocido como el caso María Julia.

Lo que produjo este pronunciamiento, en dicho contexto, fue la tendencia que se había desarrollado, por parte de las partes perdedoras de un arbitraje, de recurrir a la vía constitucional a interponer un recurso de amparo para cuestionar los Laudos Arbitrales, alegando para dichos efectos la afectación de un derecho constitucional.

El problema con esto último, es que estos procesos empezaron a generar una gran carga procesal al Tribunal Constitucional, cuando había otras alternativas igualmente idóneas donde se podía cuestionar la afectación del derecho a la defensa, a la debida motivación y al debido proceso, que eran los derechos que más se cuestionaban.

Es así que, con el fin de limitar la recurrencia continua a la jurisdicción constitucional para cuestionar la afectación de un derecho constitucional habiendo otras instancias que pudiesen brindar tutela a la afectación de un derecho constitucional, es que el Tribunal Constitucional deja sentados los parámetros para interponer un Amparo Arbitral.

Pues bien, para sustentar su posición respecto a los supuestos en los que procede interponer un Amparo para cuestionar una decisión arbitral, el Tribunal Constitucional hace referencia a la antigua y a la actual Ley de Arbitraje, las cuales contemplan las vías y procedimientos a seguir para cuestionar un laudo arbitral, cuando alguna de las partes crea que sus derechos han sido lesionados en el proceso, en el laudo o por la actuación de alguno de los árbitros. Y, de igual manera, en la referida sentencia, se establecen taxativamente los supuestos EXCEPCIONALES en los que procedería interponer un amparo arbitral, los cuales son los siguientes:

“21. No podrá declararse la improcedencia del amparo arbitral por aplicación del artículo 50 inciso 2) del Código Procesal Constitucional, en los siguientes supuestos:

  1. Cuando se invoca la vulneración directa o frontal de los precedentes vinculantes establecidos por el Tribunal Constitucional.
  2. Cuando en el laudo arbitral se ha ejercido control difuso sobre una norma declarada constitucional por el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, según corresponda, invocándose la contravención al artículo VI del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional.
  3. Cuando el amparo sea interpuesto por un tercero que no forma parte del convenio arbitral y se sustente en la afectación directa y manifiesta de sus derechos constitucionales a consecuencia del laudo pronunciado en dicho arbitraje, salvo que dicho tercero esté comprendido en el supuesto del artículo 140 del Decreto Legislativo N°1071.”

En el caso de los supuestos a) y b) del presente fundamento, será necesario que quien se considere afectado haya previamente formulado un reclamo expreso ante el tribunal arbitral y que éste haya sido desestimado, constituyendo tal reclamo y su respuesta, expresa o implícita, el agotamiento de la vía previa para la procedencia del amparo.

La sentencia que declare fundada la demanda de amparo por alguno de los supuestos indicados en el presente fundamento, puede llegar a declarar la nulidad del laudo o parte de él, ordenándose la emisión de uno nuevo que reemplace al anterior o a la parte anulada, bajo los criterios o parámetros señalados en la respectiva sentencia. En ningún caso el Juez o el Tribunal Constitucional podrá resolver el fondo de la controversia sometida a arbitraje.”3 (el subrayado y énfasis es nuestro)

Como podemos apreciar, el Tribunal Constitucional fue bastante incisivo para establecer los supuestos bajo los cuales procedería un amparo arbitral, teniendo en cuenta para ello, no sólo la gravedad de la afectación que se pudiese hacer hacia una de las partes sino también la contravención a la norma y a los precedentes vinculantes, lo cual generaría una gran inestabilidad jurídica. Siendo esto último, lo que efectivamente el Tribunal Constitucional se encuentra encargado de proteger.

1Bachiller en Derecho por la Universidad ESAN. Abogada Junio del estudio Zúñiga. Contacto: natalijulianapp@hotmail.com
2Estudiante de Derecho de la Universidad de Lima. Practicante del estudio Rodrigo, Elías y Medrano. Analista de PsychoLAWgy. Subdirector General de la Revista Athina. Alumno Coordinador del Círculo de Estudios de Arbitraje de la Universidad de Lima. Contacto: jsantillandulanto@gmail.com
3Sentencia del Espediente Nº 00142-2011-PA/TC.

Prev1 of 4Next
Use your ← → (arrow) keys to browse

Escribe un comentario

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.