El 22 de abril de 2021 coincidiendo con el día de la Madre Tierra entró en vigor el Acuerdo de Escazú, Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe.

El objetivo del Acuerdo de Escazú, que proviene del compromiso iniciado en Río en 2010 fruto de la Cumbre de América Latina y el Caribe sobre Integración y Desarrollo y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), es iniciar un proceso destinado a fortalecer el diálogo y la cooperación regional y contar con un instrumento regional en materia de derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.

El Acuerdo de Escazú está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe. El período de firma tuvo lugar entre el 27 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2020 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York.

Las múltiples implicaciones medioambientales en los grandes arbitrajes de inversiones de los que son parte Estados de América Latina son una constante a tener en cuenta en estos procedimientos e influyen directamente en el desarrollo del caso y en su resolución.

Los agravios medioambientales, la influencia sobre la vida y los derechos de las comunidades indígenas, la valoración de daños relacionada con estas controversias, la sostenibilidad del arbitraje internacional, la crítica extendida al sistema de arbitraje de inversiones… todo ello está presente en arbitrajes relacionados con los sectores minero, de la energía, de infraestructuras, del petróleo, gas, construcción.

Este instrumento podría suponer un paso para “no dejar a nadie atrás”, como explica Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas, en el prólogo del Acuerdo publicado por la Secretaría del mismo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Según Guterres, se trata del “primer tratado sobre asuntos ambientales de la región y el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”; y su objeto es “luchar contra la desigualdad y la discriminación y garantizar los derechos de todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, dedicando especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad y colocando la igualdad en el centro del desarrollo sostenible.”

Son países firmantes: Antigua y Barbuda, Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Haití, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay.

Institución designada para el posible arbitraje: Corte Internacional de Justicia

El Acuerdo de Escazú contempla el arbitraje en su Artículo 19 “Solución de controversias”:

1. Si surge una controversia entre dos o más Partes respecto de la interpretación o de la aplicación del presente Acuerdo, esas Partes se esforzarán por resolverlo por medio de la negociación o por cualquier otro medio de solución de controversias que consideren aceptable.

2. Cuando una Parte firme, ratifique, acepte o apruebe el presente Acuerdo o se adhiera a él, o en cualquier otro momento posterior, podrá indicar por escrito al Depositario, en lo que respecta a las controversias que no se hayan resuelto conforme al párrafo 1 del presente artículo, que acepta considerar obligatorio uno o los dos medios de solución siguientes en sus relaciones con cualquier Parte que acepte la misma obligación:

a) el sometimiento de la controversia a la Corte Internacional de Justicia;

b) el arbitraje de conformidad con los procedimientos que la Conferencia de las Partes establezca.

3. Si las Partes en la controversia han aceptado los dos medios de solución de controversias mencionados en el párrafo 2 del presente artículo, la controversia no podrá someterse más que a la Corte Internacional de Justicia, a menos que las Partes acuerden otra cosa.

Texto del Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe

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