En octubre de 2014, la compañía canadiense ATCO Pipeline obtuvo el contrato para la construcción del gasoducto de Tula, en México, por 50 millones de dólares. Movilizaciones locales produjeron que el proyecto se parara y cuatro años después ATCO inició un arbitraje internacional contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ante un tribunal de arbitraje internacional en Londres.

La llegada de la canadiense a México se produjo tras la reforma del sector energético en el país, previendo la oportunidad de invertir y crecer en el mercado mexicano.

El gasoducto Ramal-Tula una obra de 17 kilómetros fue la primera que obtuvo la canadiense y la inversión ascendía a más de 65 millones de dólares (ver “Los abogados a los que CFE de Peña pagó millonada para litigar arbitraje por ducto“, Guillermo Cruz, Quinto Poder, 26.08.2020).

Según la anterior información la presión de diferentes grupos sociales por la afectación de sus propiedades por causa de la obra provocó que la CFE rescindiera el contrato.

La CFE cuenta con el despacho Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle.

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