Real Hearing. Tan real como en el tribunal


Gas Natural Fenosa ha apelado a la negociación amistosa que evite el arbitraje iniciado contra Colombia por la intervención de su participada Electricaribe. Así lo ha hecho ver en un comunicado de prensa con motivo de la venta de su participación en distribución de gas en el país latinoamericano al fondo canadiense Brookfield.

En el comunicado, Gas Natural Fenosa explica que esta decisión no afecta a su voluntad de “mantener un diálogo con las autoridades colombianas que evite el procedimiento arbitral de protección de inversiones que hubo que iniciar en relación con su participada Electricaribe”.

En la información se reitera la posición de la española hacia el diálogo: Rafael Villaseca, consejero delegado de Gas Natural, señala que “mantenemos la disposición a una negociación amistosa respecto a Electricaribe, siempre y cuando se garanticen las condiciones regulatorias adecuadas”.

Y, a continuación, se indica también que: “El grupo pone todos sus esfuerzos para buscar una solución acordada, satisfactoria y, sobre todo, sostenible para la prestación del servicio de suministro eléctrico en la zona en beneficio de los clientes, empleados, acreedores y accionistas de Electricaribe.”

Por otro lado, en clara referencia al informe publicado por la Contraloría General de la República el 2 de noviembre, en el comunicado se explica que: “una vez que las autoridades colombianas han tenido la oportunidad durante un año de conocer de primera mano la realidad del suministro eléctrico a la costa Caribe, Gas Natural Fenosa reitera su llamamiento a dichas autoridades para que dejen sin efecto la medida de intervención.”

El inicio del arbitraje

En agosto de 2016, Gas Natural Fenosa solicitó a Colombia el inicio del diálogo amistoso para resolver, sin llegar a arbitraje, las discrepancias sobre sus operaciones en el país como poseedora de una participación accionarial del 85% de la compañía Electricaribe.

El impago de las facturas a la empresa colombiana Electricaribe por parte de sus clientes se cifró en 1,260 millones de euros, además de la existencia de un importante fraude en el consumo.

En marzo de 2017, la compañía española comunicaba su intención de recurrir al arbitraje de una institución internacional para resolver la situación creada ante la liquidación por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos Domicialiarios colombiana. En ese mismo mes se conoció la noticia de presentación de la demanda de arbitarje ante la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Cnudmi).

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