Ayer, 22 de marzo, se conoció la presentación de la demanda de arbitraje por parte de Gas Natural contra Colombia ante la Comisión de Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil (Cnudmi o Uncitral en sus siglas en inglés), decisión tomada en contra del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones por una cuestión de agilidad en los plazos y propiciar así la devolución del control de Electricaribe por parte del Gobierno colombiano.
Según información publicada por Voz Populi, la compañía española estaría buscando esa reducción de tiempos para lograr recuperar Electricaribe «antes de que el proceso de liquidación sea irreversible» («Giro de Gas Natural: priorizará recuperar Electricaribe en el arbitraje ante la dificultad de cobrar en metálico«, Raúl Pozo, 23.03.2017).
Colombia tranquila ante la reclamación
Diversos han sido los testimonios del Gobierno colombiano que filtran una situación de total tranquilidad del Ejecutivo ante el arbitraje presentado en Uncitral.
Por un lado, José Miguel Mendoza, superintendente de Servicios Públicos, en una columna firmada en Portafolio, defiende el hecho de que no se trata de una situación de inseguridad jurídica del país ni de un procedimiento de expropiación, sino que el proceso llevado a cabo pretende mitigar la insolvencia de Electricaribe que hubiera supuesto la imposibilidad de abastecer de energía a los usuarios de la Costa Caribe: «Según los informes más recientes, el 90 por ciento de la red de distribución de Electricaribe está en estado crítico; los cortes de energía de más de 100 horas al año que sufre la Costa doblan el promedio del país; la compañía le debe $2,4 billones a sus acreedores y tiene un pasivo pensional sin fondear de más de $700.000 millones», Portafolio, 21.03.2017.
Mendoza en un artículo de El Heraldo explicó que el proceso solo podrá cambiar si Gas Natural se compromete a invertir todo lo requerido para mejorar el servicio («Liquidación de Electricaribe sigue adelante”: Mendoza. Lupe Mouthón.23.03.2017).
Por su lado, María Claudia Lacouture, ministra de Comercio de Colombia, se manifiesta en parecidos términos en una entrevista concedida a El Mundo en la que traslada que no hay expropiación sino que se trata de un procedimiento de liquidación por «incapacidad de prestar el servicio» (María Claudia Lacouture: España tiene 30 arbitrajes y es buen destino de inversión. Víctor Martínez. 23.03.2017).
Lacouture, quien confirmó en rueda de prensa que el despacho encargado de la defensa en el arbitraje será la firma estadounidense Sidley Austin, explicó que Colombia está actuando en derecho y que su defensa será «contundente».
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