La persecución a la corrupción relacionada con los arbitrajes Odebrecht, que comenzó en Perú hace ahora cuatro años, salta de nuevo a la actualidad debido a las medidas tomadas por la Fiscalía peruana: la investigación de inmuebles pertenecientes a árbitros implicados en los arbitrajes de la brasileña con el Estado peruano.
Según fuentes de prensa, la Fiscalías estaría investigando a 15 árbitros relacionados con los procedimientos y que habrían recibido sobornos a cambio de emitir laudos a favor de Odebrecht en arbitrajes con el Estado (ver «Fiscalía allana 14 inmuebles por caso de arbitrajes en favor de Odebrecht«, Álvaro Reyes Quinteros, Perú21, 05/02/2019).
Según información filtrada a la prensa, se contempla la creación de una organización ilícita entre árbitros, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la constructora para influir en los laudos (ver «Allanan viviendas de árbitros investigados por haber favorecido a Odebrecht«, El Comercio, 06.02.2019).
Comisión Lava Jato
La Comisión Lava Jato del Congreso peruano se creó en octubre de 2015 a raíz del escándalo de corrupción en Brasil en el que estaban implicadas las principales empresas constructoras brasileñas, que también operaron en Perú.
Lava Jato Perú estudia los 85 arbitrajes en los que ha sido parte una compañía brasileña contra el Estado peruano que fue condenado en 80 ocasiones.
Según un artículo firmado por Pedro Angulo Arana, decano del Colegio de Abogados de Lima en marzo de 2017, en El Peruano: “se tendrían razonables sospechas de que muchos de esos casos habrían sido amañados en perjuicio de los intereses del país, perdiéndose más de 581 millones de soles“. Estos arbitrajes del Estado peruano contra empresas brasileñas habrían sido administrados en el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tras exponer estos datos, Angulo Arana pedía una revisión de la normativa arbitral y mayor transparencia frente al secretismo.
El uso de los arbitrajes en el caso de Odebrecht y la trama creada alrededor de los múltiples procedimientos perdidos por el Estado peruano conminó al Colegio de Abogados de Lima a crear una Comisión de seguimiento para revisar todos los arbitrajes en los que habían participado abogados ligados al CAL.
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