Ayer, lunes 8 de mayo, Rafael Correa, presidente de Ecuador, recibió un informe que analiza el contexto, desarrollo y evolución de los tratados de inversiones firmados por su país. Entre las conclusiones de este informe destaca el rechazo al actual arbitraje de inversiones, pidiendo la exclusión de las cláusulas de solución de controversias inversor-Estado en los próximos tratados a negociar.
“Para ello recomendamos eliminar o reducir las clausulas más problemáticas que tiene los tratados de hoy; excluir la cláusula de solución de controversias Inversor-Estado; incluir derechos para el Estado como el de imponer requisitos de desempeño a las empresas”, estas son algunas de las conclusiones del informe elaborado por la Comisión para la Auditoría de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (Caitisa) para el Gobierno de Ecuador.
Según el informe, los nuevos tratados deberían firmarse con base a:
- un modelo alternativo que debe asegurar la capacidad del estado de regular en materia social y medioambiental, sin la posibilidad de ser demandado
- asegurar la capacidad del Estado de reorientar la inversión según los objetivos nacionales
- asegurar que los inversionistas extranjeros respeten los derechos humanos entendidos en su integralidad
- se debería asegurar la transferencia de tecnología,
- limitar los flujos de capitales en momentos claves
- incluir obligaciones para los inversores: de respeto de las normas nacionales e internacionales, pero también que sean jurídicamente responsables de los pasivos ambientales
Entre otros análisis se explica como en la firma de los Tratados Bilaterales de Inversiones (TBI), suscritos por Ecuador principalmente en los 90, no hubo proceso de negociación y en muchos no se dio un debate legislativo previo a su aprobación, además de la crítica a la ligereza con la que se firmaron los textos sin tener en cuenta el riesgo que asumía el país.
Asimismo, explican que los TBI firmados por Ecuador siguieron un modelo de cláusulas «con amplios privilegios a favor del inversor, con límites a la potestad del Estado para orientar la inversión extranjera y no protegieron el derecho del Gobierno de regulación.»
Caitisa destaca, entre sus datos aportados, que:
- seis árbitros presentaron conflicto de intereses durante los casos que arbitraban contra Ecuador
- el total de las demandas asciende a 21.200 millones de dólares, de los cuales 1.498 millones ya han sido asumidos
- la demanda en casos abiertos es de 13.410 millones de dólares, el 52% del Presupuesto General del Estado para 2017
- 26 demandas de inversores extranjeros contra Ecuador ante tribunales internacionales
- en 2014 el país andino estaba considerado el quinto más demandado del mundo por TBI
- el TBI más dañino para el país es el firmado con Estados Unidos pues ha sido la base invocada en 17 de los 26 casos
- El gobierno de Correa ha sido el más atacado: el 71% de los casos ha llegado entre el periodo 2006 y 2015
- el sector con mayor cantidad de demandas es el de la explotación petrolera (50%)
El presidente Rafael Correa criticó que: “Estos tratados nos obligaron a someternos a tribunales de arbitrajes de dudosa imparcialidad, de dudosa racionalidad económica, de dudosa racionalidad jurídica. Tribunales establecidos para la supuesta solución de controversias entre Estados soberanos e inversionistas. Esto ha ocurrido siempre, la imposición de países hegemónicos en función de sus intereses y de la novelería de turno”.
La pasada semana Ecuador denunció 12 TBIs, ahora se deben publicar Decretos Ejecutivos para cada TBI y una notificación formal por parte del Gobierno a cada uno de los países con los que existen estos tratados. Dados por terminados los TBI, correrá un plazo de 10 años en la mayoría de ellos para lograr un mejor texto, si no hubiera acuerdo los tratados se extinguirían.
Caitisa nació en 2013 para realizar una «auditoría integral con acompañamiento ciudadano de los Tratados Bilaterales de Protección Recíproca de Inversiones (TBI) y del Sistema de Arbitraje Internacional, que examine su legitimidad, legalidad e impacto de aplicación».
Basado en información publicada por la Agencia Pública de Noticias del Ecuador y de Suramérica, Andes.
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