La minera canadiense Crystallex y Venezuela han obtenido la aprobación de un tribunal canadiense sobre un acuerdo confidencial que pone fin al arbitraje por la expropiación del proyecto minero Las Cristinas.
Bajo la más estricta confidencialidad mantiene el Gobierno de Venezuela los términos del acuerdo que habría sido aprobado el viernes 17 de noviembre por el juez Glenn A. Hainey, de la Corte Superior de Justicia de Ontario, habiéndose firmado dos días antes por ambas partes (ver “Crystallex llega a acuerdo con el gobierno de Venezuela sobre la deuda de $1.2 mil millones de dólares“, por Mailbort Petit, Venezuela Política).
Venezuela evita hablar del acuerdo con Crystallex
Una semana después de la aprobación del acuerdo por parte del tribunal canadiense, Venezuela, en un comunicado publicado en la página de la Procuraduría (ver “Importantes victorias en tribunales Internacionales dan protección a más de USD 2.000 millones del patrimonio nacional” Caracas, 24 de noviembre de 2017), hace referencia a una serie de arbitrajes internacionales que, según la Procuraduría, habrían sido favorables hacia la República Bolivariana.
En ningún momento, se cita en el comunicado el arbitraje con Crystallex, sí en cambio los arbitrajes mantenidos con Transban Investments Corp.-el Tribunal Arbitral determina su falta de competencia para conocer la controversia-; Fabrica de Vidrios Los Andes (Favianca) y Owen Illinois de Venezuela -el tribunal Ciadi se ha declarado incompetente-; Longreef Investments A.V.V. -el Tribunal del Ciadi redujo a un 8% la demanda-; Koch Minerals Sarl y Koch Nitrogen International Sarl -disminución del monto pretendido- y Gambrinus Corp. -desestimada demanda de 150M$-.
También hace referencia a los despachos internacionales que apoyan la defensa venezolana como “Guglielmino & Asociados (casos Favianca y Transban), Hogan Lovells (casos Longreef y Gambrinus), y Shearman & Sterling (caso Koch)”.
Inicio del arbitraje
Crystallex era portadora de un contrato para explotar la mina de oro Las Cristinas, pero el gobierno de Hugo Chávez resolvió el contrato en 2011. En 2012, Venezuela anunciaba un acuerdo para la explotación de la mina con la compañía estatal china Citic Group
Crystallex interpuso una demanda de arbitraje ante el Ciadi que finalizó en abril de 2016 con la condena a Venezuela al pago de 1.4 billones de dólares (incluidos intereses) por la expropiación del proyecto minero Las Cristinas que, según el tribunal de arbitraje que llevó el procedimiento hizo que los esfuerzos inversores de la canadiense fueran inútiles.