La demanda de arbitraje de Philip Morris contra Uruguay, en la que la tabacalera demandaba al Estado por un total de 25 millones de dólares ante las medidas de control del tabaco desarrolladas por el Gobierno uruguayo entre 2004 y 2005 encaminadas al descenso del consumo entre su población, además de ser la primera demanda de arbitraje de inversiones ante la que se veía el país, era la primera de estas características relacionada con el sector tabacalero y un conflicto que, difícilmente, el estado uruguayo sería capaz de financiar.
El arbitraje le dio la razón a Uruguay, que se vio respaldado por instituciones como la Organización Mundial de la Salud o la fundación Bloomberg Philantropies.
Hace unos días, una de las abogadas estadounidenses que llevó la defensa de Uruguay, Clara Brillembourg (Foley Hoag LLP), durante la celebración de un acto universitario en Montevideo, trasladó que la tabacalera perseguía, en cierta manera, la intimidación a un país que, por primera vez, se vería ante un tribunal de arbitraje de inversiones buscando que cesara en su política normativa en relación con el tabaco. Brillembourg utilizó el verbo “aterrorizar” para referirse a la actitud de la multinacional que, según sus palabras, buscaba un país pequeño para que sirviera de referencia y desaliento a otros países en el mundo a la hora de reglamentar las políticas de control del tabaco (ver El Observador: “Philip Morris quiso “aterrorizar” a Uruguay a través del juicio“. 15.06.2017).
El arbitraje le dio la razón a Uruguay, que se vio respaldado por instituciones como la Organización Mundial de la Salud o la fundación Bloomberg Philantropies. El tribunal basó su decisión en el derecho soberano de un páis de decidir sobre sus leyes para proteger la salud pública.
El laudo, además, condenó a Philip Morris a asumir gastos de la defensa de Uruguay por un total de 7 millones de dólares, dejando claro que las marcas tabacaleras deben someterse a la regulación de los Estados que defienden sus medidas a favor de la salud pública.
Los derechos de propiedad intelectual (la normativa uruguaya prohibía comercializar distintas variedades de una misma marca) o las obligaciones en relación con el TBI Uruguay-Suiza eran algunos de los argumentos que esgrimía Philip Morris en su defensa.
Un conflicto de los tribunales arbitrales para un país como Uruguay es una auténtica amenaza, en el caso que nos ocupa los datos hablan por sí solos, en 2013 los ingresos anuales de Philip Morris fueron 80.2 mil millones de dólares, el PIB de Uruguay 55.7 mil millones (ver IP Watch: “The Significance or Uruguay’s Win over Philip Morris Internaciotnal“). En el artículo citado, se exponen las opiniones de varios expertos como el abogado internacional Todd Weiler quien explica: “The claim is nothing more than the cynical attempt by a wealthy multinational corporation to make an example of a small country wigh limited resources to defend against a well-funded international legal action…”
Créditos de la imagen: Alexisrael. Wikimedia
